Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, dijo la propuesta de Ley no considera en ningún sentido a las universidades públicas del país, lo que la convierte en una iniciativa 'centralista, ciega de las diversidades regionales'. (ESPECIAL)
Rectores de universidades públicas se manifestaron en contra del anteproyecto de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología de Conacyt, por considerar que no tomó en cuenta a estas instituciones para su construcción; además, lamentaron que no contemple una mayor inversión al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
En la mesa de discusión las instituciones de educación superior ante el anteproyecto de ley de Conacyt, promovida por la Red ProCienciaMX, los rectores de distintas universidades reflexionaron sobre los efectos que la ley tendría a corto, mediano y largo plazo en la docencia, la formación de recursos humanos y la investigación en las instituciones de educación superior.
Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, dijo la propuesta de Ley no considera en ningún sentido a las universidades públicas del país, lo que la convierte en una iniciativa "centralista, ciega de las diversidades regionales".
"Si un gobierno centralizado establece las prioridades temáticas de investigación, los proyectos resultarán sexenales y circunstanciales. Las universidades, las academias, el trabajo colegiado, no pueden estar supeditados a los éxitos partidistas. Expreso mi preocupación por el procedimiento de esta ley que nos sorprendió a todos y reitero mi extrañamiento ante la reciente cancelación de fideicomisos y observo con preocupación que esta iniciativa se vaya a aprobar sin escuchar nuestras voces", indicó Ladrón de Guevara.
Y advirtió: "La conclusión de una mesa como en la que estamos es que la iniciativa sea retirada, en su lugar se deben crear foros abiertos para que se escuchen propuestas y haya un debate y construcción consensuada de los científicos. Con los fideicomisos nos expresamos, pedimos que se revisara, que no se recortaran ciegamente, pero fue irrelevante nuestra participación".
Asimismo, externó su preocupación por el documento del Conacyt, en el que presuntamente se proponen cambios al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por ejemplo, que ya sólo distinguirá cuatro niveles: 1, 2, 3 y Emérito, es decir, desaparecerá la figura de “Candidato”, lo que implica dejar de pagar estímulos a investigadores que buscan aumentar de nivel. Sin embargo, el Conacyt no ha emitido ningún documento oficial al respecto.
Por su parte, Rodrigo Díaz Cruz, rector de la UAM Iztapalapa, indicó que esta iniciativa puede establecer prioridades, pero saber cuáles son esas prioridades "demanda la confluencia de múltiples factores, saberes y acciones para llegar a acuerdos". Asimismo, llamó a la prudencia y a tener una "honda visión de estado".
"El Conacyt debe ser nuestra casa en común, hacernos copartícipes en la atención a los problemas de nuestra nación. Una casa que fortalezca la autonomía de las universidades que haga florecer y florecer los centros públicos de investigación para atender los lacerantes problemas nacionales. Es obligación del poder legislativo abrir un auténtico debate", dijo.
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Margarita Teresa de Jesús García Gasca, lamentó que la iniciativa no contemple a las universidades públicas. "No somos protagonistas de esta ley, somos instituciones de paso y paralelas. Sólo contempla a las instituciones de nivel superior en un consejo técnico que estará integrado por quienes hayan sido distinguidos con los Premios Nacionales de Ciencias y Artes. ¿Cuántas premios nacionales tenemos las universidades públicas de los estados y por qué no logramos tener esos estatus? Porque no tenemos los presupuestos y las oportunidades. Se está dejando fuera a la comunidad científica del país", dijo.
Finalmente Bernardo González-Aréchiga, rector de la Universidad del Valle de México, sostuvo que han recomendado la inclusión, es decir, que haya una participación de las universidades públicas y privadas, así como tener los derechos de propiedad intelectual como una parte fundamental en la ley.
