Con representantes populares convertidos en siervos del Ejecutivo y dispuestos a aplicar leyes inspiradas en la máxima villista: primero dispara y ya después averiguas, la 4T vuelve a confundir el papel que la Constitución le fija al gobierno cuando se trata de informar con conocimiento y veracidad al pueblo de México.
La iniciativa constitucional que el senador Ricardo Monreal insiste en impulsar para "regular la actividad de las plataformas sociodigitales" en las que operan casi 81 millones de personas con acceso a internet, busca que la difusión de "noticias falsas sea considerada un delito contra la seguridad nacional".
Abrir el debate público y develar el espíritu antidemocrático de esa propuesta es oportuno, aun si la discusión del proyecto fue aplazada y se encuentra en la congeladora legislativa.
El análisis permitiría preguntar, por ejemplo, si quienes han hecho una especialidad de comunicar mentiras, alterar cifras y datos sobre cualquier asunto importante de la vida nacional, estarían dispuestos a sujetarse a tales regulaciones o se dedicarían sólo a buscar y perseguir la paja en el ojo ajeno.
El orden jurídico mexicano (con base en los artículos 6 y 7 constitucionales sobre la libertad de expresión e información) no permite la impunidad a quienes abusan de tales libertades. Obliga incluso a que se ejerzan con respeto a los derechos de terceros y consideren "la moral y las buenas costumbres". No son infrecuentes los litigios por daño moral contra periodistas, funcionarios de partido, políticos y personas con alcance de opinión pública que incurren en presuntos excesos y son sancionados por jueces civiles.
Los promotores gubernamentales del proyecto controlador de contenidos en las redes sociodigitales pasaron por alto que es una obligación del gobierno informar al pueblo con fundamento en hechos, cifras y datos veraces y acreditables, surgidos del propio sistema público del Estado, como es el caso de los indicadores del Inegi, Coneval o de instituciones como el Banco de México, atacadas desde el podio mañanero cuando sus ponderaciones no son del gusto de quien dice tener "otros datos", aunque hayan surgido de la subjetividad, la ocurrencia del día o la simple conveniencia mediática.
¿Qué pasaría -de ser aprobado en otro momento el proyecto "regulador" de las redes- con la circulación de informaciones tan reveladoras y sensibles, como las de vacunación, en las que sólo 0.5 por ciento de la población ha recibido inmunización contra el COVID-19? Con un gobierno autoerigido en juez de las redes para calificar la falsedad o verdad de una noticia así, los antes "benditos" instrumentos de comunicación inmediata serían vistos abiertamente como la nueva maldición. ¿Los usuarios recibirían sanciones?
No es tarde para tener presente que la distorsión contra la verdad en la vida pública, comienza con el ocultamiento de datos, la opacidad de los proyectos y el recurso abusivo de las adjudicaciones directas. Hoy esa distorsión ha sentado sus reales en las cifras falsas de contagios y defunciones por el COVID-19 al ocultarse incluso los retrasos en la expedición de actas de defunción, en el frecuente menosprecio oficial a los deudos que han esperado hasta 6 días para cremar los cuerpos de sus familiares.
El Senado y sus dirigentes harían un mejor servicio a la libertad de expresión si utilizaran su voz para exigir que se resuelvan las muchas investigaciones pendientes por homicidios contra periodistas y se lograra castigar a los responsables. Quizá algunos legisladores controlarían mejor sus apetitos para amordazar, censurar, agredir los derechos ciudadanos y perseguir las libertades de expresión y de información en nuestro país.
