Sancionar las irregularidades que se cometieron en pasadas administraciones dependerá de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), la cual será responsable de profundizar en las investigaciones, proceder legalmente y en su caso, imponer los castigos administrativos, económicos y hasta penales por el daño ocasionado a las arcas y el patrimonio municipales.
Al presentar un informe general de los resultados que arrojó la auditoría que se practicó de 2009 al 31 de agosto de 2016, el tesorero y contralor municipales, Óscar García Villarreal y Javier Calderón Castillo indicaron que una vez que la revisión prácticamente ha concluido, se turnará un resumen ejecutivo al órgano fiscalizador, el cual "dispondrá de sus tiempos" para proceder.
Ambos funcionarios estuvieron acompañados por Vicente Mireles, responsable del despacho Mireles Sagüi y Asociados, el cual practicó la auditoría con un costo para el Municipio de 588 mil pesos.
El responsable de las finanzas dijo que se detectaron graves irregularidades y en algunos casos podría configurarse la comisión de delitos de carácter penal; aunque ya se establecieron montos y conceptos del daño patrimonial ocasionado, no se ofrecieron detalles por respeto a la ley y procedimientos que habrán de iniciarse, incluso para que los exfuncionarios no se amparen para evadir la acción de la justicia.
Entre otras cosas, hubo incumplimientos en licitaciones, cotizaciones y en comparativos presupuestales; facturas apócrifas, ausencia de documentación y comprobación de servicios proporcionados por algunos proveedores, además de que no se encontraron contratos ni pólizas en algunos casos.
En otros, se desconoce la existencia de proveedores (empresas "fantasma") mientras que algunos más estaban "a modo" puesto que sólo prestaban el servicio a la presidencia municipal.
En ese lapso se incumplieron las Leyes de Responsabilidad de Servidores Públicos, de Contabilidad Gubernamental y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, cuya última regula gran parte de las operaciones con proveedores.
Todas las anomalías detectadas podrían dar como resultado la inhabilitación de exfuncionarios para el ejercicio público; sanciones administrativas, económicas y penales según lo que determine la EASE.
LIMITANTE
Aunque se revisaron los estados financieros de los últimos siete años, legalmente sólo se puede proceder sobre los tres más recientes; sin embargo, el compromiso es dar a conocer públicamente, en su momento, toda la información que resultó de esta auditoría para que la ciudadanía sepa cómo se manejaron los recursos públicos.
El tesorero explicó que será hasta el 19 de julio de este año cuando entrará en vigor la reforma a la Ley de Responsabilidad Financiera, la cual permitirá sancionar el ejercicio indebido de recursos hasta siete años atrás; el problema es que no podrá ser retroactiva y por este motivo, la actuación contra quienes hicieron un mal manejo de los recursos será limitada en los aspectos penal y administrativo.
La auditoría abarcó principalmente algunas dependencias municipales como el Rastro y Servicios Públicos y los organismos descentralizados del Sideapa y la Expo Feria.
Resultados. Fueron expuestos por el contralor, el tesorero y el responsable del despacho. (MA. ELENA HOLGUÍN)
