Paralizará decreto de austeridad federal, funcionamiento de la CEAV
El decreto de austeridad del Gobierno Federal publicado el pasado mes de abril, que implica una reducción del 75 por ciento del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), además de paralizar sus operaciones en todo el país; pone en riesgo la información del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) que contiene datos personales de más de 34 mil 215 víctimas en el país.
Dicho recorte asciende a 139.4 millones de pesos, el cual fue determinado por la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según dio a conocer a la CEAV a través de un comunicado y estableció que ello pone en riesgo la operación de 32 Centros de Atención Integral, distribuidos en las 32 entidades del país.
En el documento se establece que los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para la operación de la CEAV, por lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos, ya que dicha institución no es propietaria de ningún inmueble.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas”, se lee en el comunicado.
La CEAV enumeró algunos de los impactos que tendrá dicho decreto de austeridad, tales como: un ajuste en la nómina, pues la mayoría de los puestos de trabajo, son eventuales o de outsourcing. Se dejará de apoyar en tramitar nueve mil 862 traslados anuales de víctimas a audiencias con el ministerio público, los juzgados, la Comisión Nacional de Derechos Humano o diligencias de búsqueda.
“Perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras”, es otro de las afectaciones.
Se detalla que no se podrá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año, ni se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes. Y las siete mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.